Aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Cada día, al menos 40 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar y cada año se interponen alrededor de 38.000 denuncias por delitos violentos contra la infancia en nuestro país. La violencia en sus diferentes manifestaciones representa una de las principales causas para perder el cuidado parental.
Aldeas ha apoyado y contribuido a la elaboración de esta Ley por lo que celebramos especialmente su aprobación.
La aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia anunciada por el Gobierno reclama una atención especial para los niños y niñas que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental.
Tal y como reconoce la Resolución de Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, estos menores son especialmente vulnerables. Además, están expuestos a un mayor riesgo de sufrir violencia en cualquiera de sus formas: maltrato físico, psicológico, abuso sexual o negligencia, entendida como la privación de sus necesidades básicas. Por eso, solicitamos medidas especiales para ellos, así como incrementar la inversión en programas de prevención y fortalecimiento familiar que eviten las situaciones de riesgo.
Los datos hablan por sí solos. Cada día, al menos 40 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar y cada año se interponen cerca de 38.000 denuncias por delitos violentos contra la infancia en nuestro país. Además, una de cada dos denuncias contra la libertad sexual tiene a un menor como víctima. Estos datos de los Ministerios del Interior y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hablan por sí solos de la necesidad de actuar para erradicar todos los tipos de violencia contra la infancia. Por ello, desde Aldeas celebramos la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta Ley posiciona a España entre los países más avanzados de Europa en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.
Aldeas ha apoyado y contribuido a la elaboración de esta Ley y resaltamos el enfoque integral de la misma que abarca todo los ámbitos de la vida del niño: familiar, educativo, sanitario, judicial, deportivo, tecnológico o audiovisual. Incluye también la obligatoriedad de todo ciudadano de comunicar la existencia de indicios de desprotección o violencia.
Nuestro presidente, Pedro Puig, apela a la responsabilidad colectiva:
“Una vez tengamos el marco legal adecuado, acabar con la violencia en la infancia será un trabajo de toda la sociedad. Es importante sensibilizar y crear conciencia de que la protección de la infancia es tarea de todos. La ley es indispensable porque crea las condiciones para que podamos avanzar hacia este fin común.”
Desde Aldeas pedimos el consenso de todos los grupos políticos para afrontar el trámite parlamentario. También agilizar los procesos, recursos y financiación por parte de las administraciones públicas para que la aplicación de la Ley sea lo antes posible.
La COVID-19 y el riesgo de sufrir violencia
Desde Aldeas ya alertamos en abril del incremento del riesgo de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de sufrir violencia en sus hogares durante el confinamiento. afirma que la pandemia de la COVID-19 ha hecho todavía más difícil su situación. Las familias han visto empeorar sus condiciones de vida, tienen dificultades para ofrecer a sus hijos una alimentación equilibrada y no pueden ofrecerles la atención educativa que necesitan. Factores que, unidos a la dificultad de detectar posibles negligencias o casos de maltrato por las vías hasta ahora habituales (Servicios Sociales, consulta del pediatra o colegio), no han hecho sino aumentar el estrés y la carga emocional de estas familias.
Recordamos que es fundamental la colaboración ciudadana para detectar y reportar situaciones de violencia contra menores. “Además de una responsabilidad política y social, proteger a la infancia es una obligación moral“, asegura Pedro Puig. Y, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia será, también, una exigencia legal.
